Prórroga de la inamovilidad omite conceptos de la Lottt

inamovilidad laboralEl Ejecutivo prometió extender por un año más la vigencia del decreto de inamovilidad laboral, vigente de manera consecutiva desde 2002.

La medida, que busca proteger a los trabajadores en sus puestos laborales, fue anunciada el martes por el presidente Nicolás Maduro, pero entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2014.

Esto significa que ningún trabajador podrá ser despedido ni desmejoradas sus condiciones sin el consentimiento de las Inspectorías del Trabajo, según establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Desde 2011, todos los trabajadores están investidos de inamovilidad independientemente de su salario. Esto incluye a quienes laboren por tiempo indeterminado a partir del primer mes de servicio, al personal contratado mientras duren las labores para las cuales fue solicitado e inclusive a quienes ocupaban cargos de confianza, toda vez que esta figura laboral quedó eliminada en la Lottt.

No están amparados en el decreto de inamovilidad quienes ocupen cargos de dirección, de temporada u ocasionales, y los funcionarios públicos, cuyos cargos son de libre remoción.

Con la aprobación de la Ley del Trabajo en 2012, expertos laborales consideraban innecesario seguir extendiendo el decreto de inamovilidad, pues uno de los esfuerzos de la comisión que elaboró la normativa laboral se centró justamente en blindar la estabilidad laboral.

Si bien el Ejecutivo tiene el derecho de ampliar la inamovilidad laboral, buena parte del capítulo VI de la Lottt sobre la estabilidad del trabajo queda prácticamente en «letra muerta», pues los procedimientos para la calificación de despido son iguales para todos los trabajadores. En este caso las inspectorías mantienen la hegemonía al momento de admitir las causas, mientras que los tribunales quedan por fuera.

Para distintos abogados laborales esta decisión no contribuye a descongestionar las inspectorías, que de por sí permanecen colapsadas en la agilización de otros trámites. Aseguran que la calificación de despido de un trabajador amparado con inamovilidad puede tomar hasta tres años. En cambio, en los tribunales el proceso es más ágil.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con que no se pone fin al tema del ausentismo laboral, uno de los graves problemas que actualmente enfrentan las empresas.

En el seno sindical la noticia de preservar los derechos de los trabajadores no deja de ser gratificante. No obstante, señalan que si algo ha reflejado la aplicación del decreto de inamovilidad es que en sí mismo no garantiza protección al trabajador. «Eso no ha impedido que se hayan perdido puestos de trabajo», citó Froilán Barrios, portavoz del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

El dirigente sindical explicó que el mercado laboral se vuelve cada vez más rígido, siendo la población joven y la que está en la economía informal las más afectadas porque no consiguen nuevas fuentes de empleo.

Barrios consideró que el ejecutivo debe dedicarse a garantizar inversiones que permitan generar empleos de calidad.

Vía El Universal

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